LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: EL BOMBERO QUE OBSERVA EL INCENDIO MIENTRAS PIDE "DIÁLOGO" A LAS LLAMAS

Desde que la ciudad de La Paz se vio sumida en una espiral de violencia, protagonizada por sectores movilizados, el accionar del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha pasado de ser decepcionante a ser profundamente preocupante. Su gestión, lejos de ser un escudo protector para el ciudadano, da la impresión de que el Defensor del Pueblo es un "espectador de lujo" que observa el incendio desde un balcón, mientras pide a las llamas que, por favor, conversen con la leña.

La cronología de su omisión es tan clara como alarmante y como coloquialmente se dice: para muestra basta un botón. 

El inicio del incendio: El falso equilibrio

Cuando comenzaron los bloqueos y movilizaciones, la primera respuesta de Callisaya fue el clásico comunicado de prensa instando al diálogo. Es como si un bombero llegara a una casa en llamas y, en lugar de lanzar agua, les pidiera a los ocupantes que se sienten a debatir sobre el origen del fuego. En este punto, el Defensor ignoró que el diálogo es posible entre actores que respetan la ley, pero es una ilusión cuando una de las partes ha decidido que el garrote y la dinamita son sus argumentos principales.

El silencio ante el atropello a la prensa

A medida que la violencia escaló, los periodistas pasaron a ser el blanco directo. Fueron acosados, golpeados y hostigados por sectores que operan con total impunidad. Mientras los medios de comunicación denunciaban el uso de explosivos y agresiones físicas, el Defensor mantuvo un mutismo selectivo. ¿De qué sirve una institución defensora si cuando le arrancan la lengua al mensajero, el Defensor decide que es mejor no escuchar el grito de auxilio? Su silencio no es prudencia; es un abandono sistemático de la libertad de expresión.

La indefensión del ciudadano de a pié

La fase más crítica llegó con el saqueo de negocios y el cerco de zonas urbanas. El pequeño comerciante que pierde el sustento del día, el transeúnte que es amedrentado por "infiltrados" y la población que vive bajo el miedo constante han sido borrados de la agenda de Callisaya. Imaginen al guardián de una propiedad que, al ver a los ladrones entrar por la puerta principal, se retira a una habitación contigua para redactar una carta pidiendo que "no entren a robar o a dañar la propiedad". Eso es exactamente lo que está haciendo la Defensoría hoy.

La ceguera ante la humanidad del uniformado

En este escenario de caos, el Defensor también ha pasado por alto las graves agresiones contra efectivos policiales. Existe una peligrosa tendencia a deshumanizar al policía y las fuerzas armadas, asumiendo que sus uniformes los hacen inmunes al dolor o a la vulneración de sus derechos. Sin embargo, detrás del casco y el escudo, hay personas que están sufriendo lesiones graves, a menudo enfrentándose a grupos que los superan en violencia desmedida. El Defensor actuó como un árbitro que, al ver a un jugador siendo linchado en el campo, decidió mirar hacia otro lado porque "es parte del juego". La violación de derechos humanos es universal; no distingue jerarquías ni uniformes. Al guardar silencio ante el ensañamiento contra el personal policial y FF.AA, la Defensoría convalida la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda.

La distorsión ideológica de los Derechos Humanos

A esto se suma un mal crónico heredado que ha gangrenado la institución: la idea de que los Derechos Humanos son un patrimonio exclusivo de las organizaciones sociales y el campesinado. Se ha instalado una narrativa perversa donde, si la víctima es un profesional, un ciudadano de clase media, un político de oposición o un uniformado, sus derechos parecen quedar automáticamente suspendidos o sujetos a juicio de valor. La Defensoría, en su búsqueda desesperada por no perder popularidad o legitimidad ante los sectores afines al poder, ha caído en la trampa de la selectividad. Al ignorar el sufrimiento de estos sectores, respalda la tesis de que existen víctimas "de segunda categoría" cuyos derechos no ameritan ni una línea de pronunciamiento, traicionando así la esencia universal de su mandato.

El presente: La normalización de la barbarie

Hoy, la figura de Callisaya se ha desdibujado. Al no denunciar la presencia de actores extranjeros en conflictos internos ni la brutalidad contra la propiedad privada y la integridad de quienes intentan mantener el orden, la Defensoría está legitimando, por omisión, el método del caos. Al negarse a nombrar a los responsables de los atropellos, está enviando un mensaje peligroso: en La Paz, el derecho se respeta solo si no eres parte de la turba.

La Defensoría del Pueblo se ha convertido en un ente ornamental, decorativo ante una realidad que quema. Si el Defensor sigue creyendo que su labor consiste en ser un facilitador de discursos complacientes mientras la ciudad es tomada como rehén, está demostrando que no está al lado del pueblo, sino al lado del poder que permite que el pueblo sufra.

La pregunta que queda flotando es: ¿A quién defiende realmente la Defensoría del Pueblo si, ante la injusticia evidente, elige siempre el cómodo lugar de la neutralidad cómplice?


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