URNAS Y PATRULLAS: EL CONTRASTE QUE DESNUDA A NUESTRA JUSTICIA
La jornada electoral en Bolivia siempre tiene ese aroma a encuentro ciudadano, a filas largas bajo el sol y al sonido seco del sello sobre la papeleta. Pero en estas últimas elecciones subnacionales, el ambiente democrático se vio empañado al igual que en las elecciones presidenciables por un fenómeno óptico que nada tiene que ver con la salud visual de los jurados, sino con la agudeza selectiva del brazo de la ley.
Mientras el país se volcaba a las urnas, la justicia boliviana demostró que padece de una miopía intermitente: ve con una claridad microscópica las faltas de los ciudadanos comunes, pero sufre de una ceguera total ante las figuras del poder.
El peso de la ley para el ciudadano de a pie
En distintos recintos del país, la crónica policial se escribió con tinta de "pensiones devengadas". Varones que acudieron a cumplir con su deber cívico fueron interceptados por efectivos policiales (no es que no lo merezcan). La escena se repitió con una eficiencia quirúrgica: el ciudadano entrega su cédula, el sistema arroja una alerta por asistencia familiar, y en cuestión de minutos, el votante sale del recinto escoltado hacia una patrulla.
Para ellos, la ley no tuvo sueño ni distracciones. La premura por hacer cumplir el derecho de un menor a su asistencia alimentaria se ejecutó sin tregua. En ese microcosmos, el mandamiento de aprehensión fue un documento sagrado e ineludible.
El mito de la inmunidad electoral
Es un mito común creer que el auto de buen gobierno o la jornada electoral suspenden los mandamientos de aprehensión. La realidad jurídica es tajante: un mandamiento de aprehensión por delitos graves o asistencia familiar es una orden judicial de cumplimiento obligatorio para la fuerza pública las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La única excepción que protege la ley electoral es que no se puede aprehender a un ciudadano de forma que se le impida ejercer su derecho al voto en el momento preciso. Sin embargo, una vez emitido el sufragio, la fuerza pública tiene la obligación legal de actuar. No existe un "limbo jurídico" que otorgue salvoconductos por el simple hecho de ser día de elecciones.
La impunidad como "Performance" y el cálculo del costo
Sin embargo, el contraste se volvió estridente cuando los focos apuntaron al Trópico de Cochabamba. Evo Morales Ayma, sobre quien pesa un mandamiento de aprehensión vigente, no solo votó con tranquilidad, sino que convirtió su desobediencia en un espectáculo.
Desde la comunicación política, lo que vimos en las redes sociales de Morales no fue solo un acto civil, sino una demostración de poder simbólico. Al publicar su voto en tiempo real, el mensaje no fue de compromiso democrático, sino de superioridad sobre el Estado. Fue una puesta en escena donde el líder le dice al país: "Soy intocable".
¿Por qué el Estado permitió este desplante?
La respuesta reside en un análisis de costo político. Para el gobierno y las fuerzas del orden, ejecutar la aprehensión en pleno recinto electoral del Chapare habría sido el detonante de una narrativa de victimización y, probablemente, de un estallido social localizado. El costo de "hacer cumplir la ley" se percibió como más alto que el costo de "ignorar la ley". Se prefirió el sacrificio de la institucionalidad en el altar de la paz social momentánea.
El peligro de la "Paz" sin Justicia
Este cálculo, aunque pragmático para algunos, tiene un precio devastador a largo plazo: la erosión de la autoridad. Al no aprehender a Morales para evitar un conflicto, el Estado admite que existen zonas geográficas y figuras políticas donde su jurisdicción no llega. Se valida la idea de que la movilización social o el peso electoral son un escudo superior a la Constitución.
Esta crónica electoral confirma la vigencia de la "ley del embudo". La justicia en Bolivia opera bajo un sensor de relevancia política: mientras unos duermen en una celda por no pagar una mensualidad, otros desafían al Estado en redes sociales mientras el oficial de turno mira hacia otro lado por miedo a la reacción de sus bases.
Esta miopía no es un error de cálculo, es un mensaje peligroso: le dice al boliviano que la igualdad ante la ley es una ficción de manual escolar. Cuando la aplicación de la norma depende del miedo al conflicto o del peso político del infractor, lo que tenemos no es una justicia ciega, sino una justicia que elige muy bien a quién quiere ver tras las rejas.
Conclusión: La democracia en la encrucijada
Al final del día, lo que queda no es solo el sabor amargo de una injusticia evidente, sino la confirmación de una democracia de dos velocidades. Una velocidad implacable para el ciudadano común, aquel que paga sus culpas con el peso total de la norma, y otra velocidad, lenta y dubitativa, para quienes han aprendido a usar la política como un escudo de impunidad.
Si el Estado boliviano sigue permitiendo que el cálculo del costo político sea el que dicte cuándo se aplica una ley y cuándo se ignora, estaremos firmando la sentencia de muerte de nuestras instituciones. La paz social no puede ser el rehén de la justicia selectiva, porque una paz que se compra a cambio de privilegios no es paz, es claudicación. En este tablero de ajedrez electoral, mientras unos pierden su libertad por una asistencia familiar, otros ganan legitimidad a través de la burla; y en ese juego, el único que termina en jaque mate es el Estado de Derecho.
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